Durante los últimos meses se han dado a conocer en los medios de comunicación videos que muestran casos de evidente abuso policial y que han provocado protestas sociales en tres diferentes países. El primero, muestra a un grupo de policías de Minneapolis, en Estado Unidos, sometiendo a George Floyd y a uno de los policías apoyando su rodilla sobre el cuello del hombre afroamericano. El segundo, exhibe a policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, arrestando con excesivo uso de la fuerza a Giovanni López, un albañil al que acusaron de no utilizar cubrebocas. En el tercero y más reciente se observa a oficiales de la policía nacional de Colombia sometiendo con descargas eléctricas y golpeando en el piso a Javier Ordoñez, un abogado y taxista quien, según se dijo, habría violado la cuarentena impuesta en Bogotá. En los tres casos, el uso excesivo uso de la fuerza resultó en la muerte de las personas sometidas. Algunas voces han señalado que estos sucesos solo se pueden explicar por la institucionalización de la violencia desde el aparato estatal.
Acusar que el Estado es violento en sí mismo y que ejerce dicha violencia contra ciertos sectores sociales es un argumento incompleto cuando se trata de políticas policiales. Por este motivo, quisiera comenzar por proponer que la violencia institucionalizada se introduce y reproduce desde los gobiernos de forma consciente (deliberada) o inconsciente (por ignorancia). Desde esta perspectiva, la reversión de la violencia no depende tanto de la voluntad de la ciudadanía, como de los incentivos que promuevan las instituciones. En este sentido, la discusión debería girar en torno a las formas en las que un gobierno alienta la reproducción de dicha violencia desde las instituciones a través de las políticas públicas que implementa. En esta entrada, busco contribuir a dicha discusión, con la convicción de que debemos promover políticas policiales distintas.
Las prioridades instrumentales
En varios países, las políticas policiales aún se caracterizan por una visión tradicional dominante de la actividad policial, enfocada en aspectos instrumentales para fortalecer la legitimidad de las policías. Dichos aspectos consisten en la efectividad de la policía en dar resultados en la prevención y lucha contra el crimen y medir el desempeño de la corporación policial con base en esos resultados. Las estrategias policiales guiadas por estas prioridades tienen un enfoque fuertemente reactivo, abocadas a infundir el ‘temor a la sanción’ entre la ciudadanía como medida de disuasión al quebrantamiento de la ley. Sin embargo, los resultados de estudios internacionales señalan que las políticas punitivas, enfocadas en el castigo, encarcelamiento y pena de muerte no han logrado proporcionar evidencia causal que justifique el enfoque disuasivo para delitos menores. En otras palabras, la evidencia muestra que la política de ‘mano dura’ generalizada no ha funcionado en otros países. [1]
En México, las últimas tres administraciones federales (incluyendo la actual) han impulsado, en la práctica, políticas policiales que tienden a la centralización y promueven los aspectos instrumentales de efectividad y disuasión generalizada. La combinación de estas prioridades con la militarización de las policías ha resultado en abusos policiales. [2] En aras de ‘prevenir y combatir’ al crimen, se ha justificado la implementación de estrategias policiales agresivas que afectan especialmente a los sectores sociales más vulnerables. Sin embargo, los delitos no han disminuido considerablemente, mientras que los niveles de confianza en las corporaciones locales -las de mayor contacto cotidiano con la ciudadanía- se han visto afectados. A continuación, comparto algunos apuntes de mi investigación sobre el caso de Nuevo León (NL), que ilustra dichas dinámicas.
Siguiendo la tendencia de la política nacional de combate al crimen, el enfoque de ‘efectividad policial’ ha sido el dominante entre la mayoría de las corporaciones policiales en NL, pero la incidencia de delitos violentos no ha disminuido sustancialmente. Por ejemplo, con base en datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Gráfico 1 considera homicidios dolosos en Nuevo León y México hasta 2017. Asimismo, el Gráfico 2 incluye incidencia de secuestros y robos con violencia a negocio, de automóvil, casa habitación y en transporte público. [3]
Las estrategias policiales guiadas por prioridades instrumentales tampoco han logrado mantener buenos resultados en los niveles de confianza ciudadana. En el Gráfico 3 se observa que la confianza en las policías estatales y municipales aumentó de forma importante tanto en NL como a nivel nacional hasta 2017, pero desde entonces los niveles de confianza han tendido a la baja, aunque más ligeramente en NL. [4]
Las percepciones entre la ciudadanía han variado dependiendo la corporación policial, pero se observa que las personas de menor nivel socioeconómico tienden a desconfiar más de las policías. Con base en datos la ENVIPE 2018 -con datos de abril y marzo de ese año- el Gráfico 4 muestra que, por ejemplo, las personas son menor nivel educativo son las que menos confianza tenían en las corporaciones policiales con presencia en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).
El modelo de ‘efectividad policial’ no solo ha fracasado en su propósito de disminuir el crimen, sino que también enfrenta cuestionamientos sobre su fundamento instrumental. El Gráfico 5 muestra la tendencia en las opiniones positivas de la ciudadanía en NL sobre la efectividad de las policías. Se puede observar que, sin importar los cambios en los niveles de confianza ya señalados, las percepciones de efectividad no han variado significativamente en el mismo periodo de referencia. Incluso, se observa que alcanzaron su nivel máximo en 2017 y desde entonces muestran un ligero declive o, al menos, un estancamiento en dichos niveles. Esto sugiere que, aunque la efectividad pudo haber contribuido en cierta medida a la confianza en las fuerzas policiales, por sí misma tiene limitaciones para ganar la confianza ciudadana.
Gráfica 5. Efectividad del desempeño policial en NL (%)*
*Proporción de repuestas con ‘algo’ o ‘muy’ efectivo.
Aunado a lo anterior, es importante hacer notar la impunidad de una gran cantidad de delitos. Primero, porque la mayoría de la gente no los denuncia. De acuerdo con datos de ENVIPE, la cifra negra en NL ha oscilado alrededor del 90% entre 2014 y 2018. Segundo, por la incapacidad de las policías de investigar y esclarecer la mayoría de los delitos, sobre todo los más violentos. Por ejemplo, el 94% de los homicidios registrados entre 2010 y 2016 no habían obtenido una sentencia. [5] En este círculo vicioso de poca efectividad en la resolución de delitos, la gente no solo tiene menos confianza en las policías, sino que también es menos proclive a cooperar con ellas y con las instituciones de justicia -mediante la denuncia de dichos delitos.
Entonces ¿tiene sentido continuar con políticas que, con la justificación de combatir al crimen, promueven la militarización de las fuerzas policiales que emplean estrategias agresivas y fracturan las relaciones con la ciudadanía?
La justicia procedimental
Para responder la interrogante, es necesario acudir al trabajo de Tyler, Jackson y colegas, quienes han desarrollado una alternativa a la visión instrumental. En su modelo de ‘justicia procedimental (o procesal)’ proponen que la legitimidad policial es fundamental para las policías, no solo porque puede generar mejores relaciones con la ciudadanía, sino también por su potencial para propiciar el cumplimiento de la ley. [1] Según los autores, un trato respetuoso y justo a las personas por parte de oficiales de policía (‘justicia policial’) en la vida cotidiana, puede contribuir al fortalecimiento de la legitimidad policial, mejorar los niveles de confianza en las fuerzas policiales y obtener la cooperación de la ciudadanía en denuncias y resolución de delitos. La evidencia disponible, tanto de democracias consolidadas como aquellas en desarrollo, es consistente con dicha argumentación. Las percepciones de la gente sobre la ‘justicia policial’ contribuyen en mayor medida al fortalecimiento de la legitimidad policial, que las percepciones sobre ‘efectividad policial’ y, a su vez, mejora la confianza y cooperación ciudadanas.
En mi investigación, he analizado si la ‘justicia policial’ podría ser más importante que la ‘efectividad policial’ para fortalecer la legitimidad de las policías, y ganar la confianza y cooperación de la gente de la ZMM. Los resultados indican que las relaciones entre estas variables no son directas, sino indirectas. Cuando las relaciones directas con confianza y cooperación son consideradas, los efectos de justicia y efectividad son muy similares, aunque esta última es ligeramente mayor. Sin embargo, en las relaciones indirectas, la ‘legitimidad policial’ tiene un rol mediador importante, de manera similar a lo que indica la evidencia internacional. En este caso, la justicia policial tiene un efecto positivo en la confianza 2.4 veces más grande que la efectividad policial. La justicia policial también tiene un efecto casi 6 veces mayor en la cooperación que la efectividad. Un hallazgo adicional bastante interesante es que la ‘confianza en la policía’ tiene un efecto mediador entre legitimidad y cooperación, es decir, la confianza puede propiciar la cooperación, pero una menor confianza puede obstaculizarla.
Por lo anterior, las políticas policiales deben tener en cuenta que, si la ‘justicia policial’ es relevante, el modelo policial en México debe favorecer relaciones más cercanas con los ciudadanos, guiadas por un trato respetuoso y claro. Se necesita capacitación policial en protocolos de actuación y mediación frente a diferentes tipos de incidentes. Las fuerzas policiales locales deben ser la prioridad, ya que son las que más contacto tienen con los ciudadanos en la vida diaria. Esta debería ser, sin duda, uno de los pilares en las estrategias de seguridad de cualquier gobierno.
Además, este cambio de visión representaría un paso importante hacia la sustitución de políticas que incentivan la violencia policial, por otras que incentiven la cercanía de las policías con la gente. Los resultados del componente cualitativo de mi investigación son consistentes en ese sentido, pues indican que los residentes de varias colonias de la ZMM, sobre todo los de menor nivel socioeconómico, suelen tener mejores opiniones de las policías que han adoptado estrategias de proximidad. La evidencia para América Latina [6] indica que este enfoque es afín a los fundamentos de la justicia procedimental y puede contribuir a la coproducción de seguridad entre gobierno y ciudadanía.
Referencias
[1] Tyler, T.R. and Jackson, J. (2013). Future challenges in the study of legitimacy and criminal justice. In J. Tankebe and A. Liebling (Eds.), Legitimacy and Criminal Justice (pp. 83-104), Oxford: Oxford University Press.
[2] Storr, S. (2020). Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar: La evidencia en México 2006-2018. Segunda Conferencia Internacional “Seguridad Ciudadana: La Vía Civil”. 21-22 Mayo. Universidad Iberoamericana: Programa de Seguridad Ciudadana. Obtenido de: https://seguridadviacivil.ibero.mx/pdf/informe.pdf
[3] SNSP (2018). Datos abiertos. Obtenido de: https://datos.gob.mx/busca/organization/sesnsp
[4] INEGI. (2014-2019). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014-19. Obtenido de: http://www.inegi.org.mx/programas/envipe/
[5] Ángel, A., Martínez, P. and Rea, D. (2018). Esclarecer homicidios en México es una excepción y no la regla: tomaría 124 años resolver los casos impunes. Animal Político. Obtenido de: https://www.animalpolitico.com/muertos-mexico-homicidios-impunidad/homicidios-impunes-mexico.php
[6] Malone and Dammert (2020). The police and the public: policing practices and public trust in Latin America. Policing and Society. doi: 10.1080/10439463.2020.1744600
El Criminólogo 