Hace unos días tomó posesión la nueva administración municipal, encabezada por Luis Donaldo Colosio. Entre los puntos centrales de la agenda de seguridad se ha propuesto el reclutamiento de hasta 1,200 oficiales de policía para cubrir la totalidad del territorio municipal. Asimismo, el nuevo Alcalde ha mencionado en varias ocasiones que es necesario contar con “policías cercanos a la gente” y una “nueva Policía Regiomontana, capaz de prevenir y no sólo perseguir”. Esta visión es consistente con las expectativas de una policía profesional, proactiva y apegada a principios democráticos. Sin embargo, no es la primera vez que una administración entrante plantea el impulso a una policía con dichas características. Tampoco es novedoso que se incluya a la policía en el centro de la agenda de seguridad pública. En este sentido, ofrezco tres planteamientos que se deben considerar en el despliegue de una policía de proximidad con enfoque preventivo.
Una verdadera policía de proximidad
La administración anterior “relanzó” a la policía municipal, con un cambio de nombre e imagen, orientada al enfoque de proximidad. Sin embargo, en la práctica no se evaluaba a dicha corporación con base en indicadores sobre los aspectos sustantivos que fundamentan a dicho enfoque. Como en la mayoría de las corporaciones policiales en México, los indicadores solían ser de tipo instrumental, enfocados en los resultados de las tareas operativas. La nueva administración tiene el reto de estructurar una verdadera policía de proximidad. Se debe realizar ajustes a los contenidos de capacitación, y considerar los perfiles de las y los nuevos reclutas. En el pasado (reciente), una gran mayoría de oficiales en diferentes corporaciones habían sido entrenados en en el enfoque tradicional reactivo, centrado en “perseguir” los delitos, en lugar de prevenirlos.
La implementación de un enfoque de proximidad implica una nueva forma de medir el éxito o fracaso de la labor policial, con base en indicadores sobre los resultados que se espera lograr. No basta con cuantificar los arrestos o las tasas delictivas. Se debe también evaluar la opinión de la ciudadanía sobre aspectos como, por ejemplo, el trato que brindan los policías a la gente, aspectos relacionados con la legitimidad policial, la confianza en la policía y la disposición de la gente a cumplir con la ley y a cooperar con la policía para resolver los problemas de delincuencia en sus comunidades.
Dichos indicadores parten del marco de justicia procedimental, que evalúa las percepciones ciudadanas sobre la policía, con base en la premisa de que la policía tiene mayor control de cómo trata a la gente que de las tasas delictivas. Por ende, una actuación respetuosa, clara y empática con la ciudadanía, puede contribuir a que estén más dispuestos a confiar en la policía y a trabajar conjuntamente en acciones orientadas a la coproducción de seguridad. Esta visión no plantea que el control efectivo del crimen sea sustituido por evaluaciones positivas sobre la policía. Más bien, la policía podría combatir el crimen con mayor efectividad si cuentan con el apoyo de la ciudadanía. Es más probable que esto último ocurra si la policía ejerce su autoridad con justicia y de forma respetuosa (Sunshine y Tyler, 2003).
La autorregulación social
El punto anterior conduce a otro aún más medular: la autorregulación ciudadana. En México aún es dominante la idea de que los mecanismos disuasivos (ej. Arrestos, temor a la sanción) son los incentivos más adecuados para obtener la obediencia y el cumplimiento de la ley de la mayoría de las y los ciudadanos. Existe una evidencia considerable en diferentes países que sugiere que los atributos de la justicia procedimental son tanto o más importantes que los aspectos de los enfoques tradicionales de combate al crimen. Incluso en contextos con escenarios adversos, como Monterrey y otras ciudades latinoamericanas, un trato justo y las percepciones sobre la legitimidad policial, contribuyen a generar en las personas conductas autorreguladoras. Cuando la mayoría de la gente cumple con la ley, esto le libera carga laboral a la policía para que se enfoquen en personas y situaciones problemáticas, o de mayor gravedad.
Asimismo, existe evidencia de que en entornos adversos es más probable que las tasas delictivas disminuyan cuando las comunidades están más cohesionadas y se involucran activamente en la resolución de los problemas que las aquejan. A esta combinación de cohesión social y control social informal (autorregulación) se le conoce como ‘Eficacia Colectiva’ (Sampson, 2012). También se cuenta con cierta evidencia de que ciertos actores con una presencia recurrente en una comunidad pueden contribuir a la transformación de las normas sociales entre sus habitantes, lo cual propicia el surgimiento de mecanismos de control social informal (Sharkey et. al., 2017; Sampson y Villela, 2016). Por ejemplo, la policía y las organizaciones sociales podrían moldear las actitudes de los habitantes de un vecindario, ya sea en sentido positivo o negativo. La intención es que, a través de una relación cercana entre dichos actores y un grupo de residentes, se propicien comportamientos autorreguladores que contribuyan a la reducción de los índices delictivos en sus vecindarios.
Hasta ahora se ha hablado poco de la autorregulación, pero esta podría aliviar la carga en la agenda de seguridad pública. Es importante tener en cuenta que el incremento de hasta 1,200 oficiales para una población municipal de 1,142,994 habitantes (INEGI, 2020) aún se quedaría por debajo de la recomendación de Naciones Unidas de 2.8 policías por cada 1,000 habitantes (Corporación Andina de Fomento, 2014). Lo que se busca entonces es que la policía realice su labor con apoyo de la población, para no tener que aumentar el número de oficiales, lo cual ya es de por sí complicado. Los programas municipales deberían tomar en cuenta estos aspectos en su diseño e implementación.
Control del uso de suelo y regulación de instalaciones
La nueva administración debe ejercer un control efectivo y racional del uso de suelo, así como una regulación de las instalaciones comerciales, residenciales y de transporte público ya existentes. El objetivo es prevenir el crecimiento del número de generadores y atractores del crimen, como se les conoce en la Teoría del Patrón Delictivo (TPD) (Brantingham et. al., 2020). En varios vecindarios, es posible observar desarrollos de vivienda que han terminado por convertirse en generadores de violencia y delincuencia. También es posible observar que en algunas áreas circundantes a algunas estaciones del Metro se generan ambientes que hacen sentir inseguras a las personas usuarias o que transitan por ahí. Asimismo, es fundamental que las y los dueños de establecimientos compartan las responsabilidades por los delitos e incidentes que se generan al interior o que ocurren en el exterior y están asociados al giro del negocio; por ejemplo, riñas o robos afuera de los bares, o accidentes automovilísticos por conducir en estado de ebriedad. Es importante introducir prácticas gerenciales en dichos negocios que prevengan la ocurrencia de dichos incidentes. La nueva Administración Municipal deberá vigilar dichas prácticas y sancionar las omisiones o violaciones a las normas. Será importante que la nueva policía regia cuente con una unidad de análisis capacitada en las técnicas más avanzadas de TPD, que considere las asociaciones entre delitos que ocurren en ciertas instalaciones o desarrollos con un cierto uso de suelo, y aquellos que suceden en sus alrededores.
Por otro lado, es posible identificar incidentes de tránsito asociados a diseños defectuosos de la infraestructura urbana, como lo son las banquetas. En varios casos, no son fácilmente caminables, debido a que están obstruidas por automóviles que las ocupan como estacionamientos. Varios establecimientos comerciales han privatizado ‘la banqueta’, indebidamente y para su beneficio comercial, que es el espacio público más elemental. Al respecto, se han emprendido algunos esfuerzos de regeneración interesantes en Monterrey, con efectos positivos en la vida cotidiana de las personas. El caso de Distrito Tec es un buen ejemplo, pero incluso aquí se corre el riesgo de que algunas de las obras realizadas para los peatones terminen por ser capturadas por los automovilistas, debido al insuficiente esfuerzo de hacer cumplir la ley. Es posible ver que los automovilistas, no solo continúan estacionando sus vehículos sobre las banquetas, sino que su ampliación ha resultado ser contraproducente, ya que ahora hay más vehículos estacionados en varios momentos del día, lo cual dificulta el flujo peatonal. En la práctica, es como si se les hubiera ampliado el estacionamiento. Los letreros que advierten de las multas y el uso de grúa para remover los vehículos no han funcionado como mecanismos disuasivos. Es necesario que en verdad se remolquen dichos vehículos y se multe a sus dueños. Para esto, es necesario el apoyo al más alto nivel, es decir, el Alcalde debe estar dispuesto a asumir un posible costo.
Conclusión
Estas son solo tres ideas entre un conjunto de posibilidades, pero se plantean a partir de la identificación de prioridades en las cuales las y los oficiales de policía y tránsito tienen un papel central. Además, son factibles, medibles y se ajustan a una racionalidad presupuestal. En este sentido, es deseable contar con el apoyo de organizaciones sociales y especialistas en asistencia técnica, lo cual propicia una implementación apegada a dichos criterios. Lo más importante es que ofrecen la posibilidad de innovar, no porque las propuestas sean novedosas en sí mismas (ya han sido implementadas en otros países), sino porque Monterrey ofrece las condiciones para implementarlas, y sería el primer municipio del país en donde se lleven a cabo en conjunto.
Referencias
Brantingham P.J., Brantingham, P. L., Song, J. y Spicer. V. (2020). Crime Hot Spots, Crime Corridors and the Journey to Crime: An Expanded Theoretical Model of the Generation of Crime Concentrations pp. 61-86 in K. M. Lersch y J.Chakraborty (eds.) Geographies of Behavioural Health, Crime, and Disorder: The Intersection of Social Problems and Place. Switzerland: Springer International Publishing.
Corporación Andina de Fomento-Banco de Desarrollo de América Latina (2014); Por una América Latina más Segura: Una Nueva Perspectiva para Prevenir y Controlar el Delito; Bogotá, CAF. Disponible en: http://publicaciones.caf.com/media/40777/reporte-economia-desarrollo-seguridad-control-delito.pdf
INEGI (2020). Cuéntame INEGI: Información por entidad. Disponible en: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/nl/poblacion/
Sampson, A., y Villela, M. R. (2017). How young people peacefully challenge community norms embedded with violence in a Brazilian favela. British Journal of Criminology, 57(3), 684-703. doi:10.1093/bjc/azv132
Sampson, R. (2012). Great American city: Chicago and the enduring neighborhood effect. Chicago: The University of Chicago Press.
Sharkey, P., Torrats-Espinosa, G., y Takyar, D. (2017). Community and the Crime Decline: The Causal Effect of Local Nonprofits on Violent Crime. American Sociological Review, 82(6), 1214-1240. doi:10.1177/0003122417736289
Sunshine, J., y Tyler, R. T. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law and Society Review, 37, 513-548. doi: https://doi-org.ezproxy.is.ed.ac.uk/10.1111/1540-5893.3703002
El Criminólogo 