“Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”
-Atribuido a Albert Einstein
En los análisis de los fenómenos delictivos ha sido cada vez más habitual el reconocimiento de que la distribución de los delitos es desigual entre tipologías, áreas geográficas y delincuentes, por lo cual se debe poner el foco de atención en aquellos que producen el mayor impacto en la comunidad. También se ha buscado el indicador más apropiado que resuma el estado actual del crimen en un lugar y periodo determinados. En este sentido, es usual que se utilice los totales de los diferentes tipos de delito y sus derivaciones, por ejemplo, la tasa de criminalidad. En México, es incluso usual señalar como “delitos de alto impacto” a aquellos que ocupan los primeros lugares por su frecuencia de ocurrencia en un rango temporal.
Sin embargo, los indicadores basados en el volumen de delitos son problemáticos, principalmente, por tres motivos. Primero, se asume en la práctica que todos los delitos son creados de igual forma, a pesar de que cada tipo de delito tiene su propia naturaleza. Segundo, se sabe hay tipos de delitos que se denuncian más que otros (cifra negra), por lo cual un indicador de volumen solo contribuye a una subestimación o sobreestimación, según sea el caso. Tercero, el análisis de incidencia delictiva suele enfocarse en el delincuente, en lugar de la víctima.
Lo anterior genera distorsiones en las evaluaciones de riesgo y, por ende, conduce a una priorización imprecisa –por decir lo menos– de los diferentes tipos de delitos, así como a una asignación desbalanceada de recursos policiales y judiciales para atenderlos y prevenirlos. Por estas razones, es necesario avanzar hacia nuevos análisis centrados en las víctimas, de forma consistente con los estudios criminológicos más recientes. Este nuevo enfoque permitirá entender mejor el impacto de los diferentes tipos de delito en la sociedad.
Enfoques en la construcción de un Índice de Daño del Delito
La utilización de los índices para medir el daño que producen los delitos no es algo nuevo. Como detallan Ransley y colegas (2018), desde la década de los 80 se han planteado varios esfuerzos en este sentido, aunque con diferentes metodologías. Por un lado, un buen número de estudios ha intentado medir el daño de los diferentes tipos de delito con base en las evaluaciones reportadas por la gente en encuestas. Sin embargo, este enfoque ha sido fuertemente criticado, debido a que las percepciones de la gente son subjetivas. Un primer problema es que se podrían presentar confusiones al evaluar qué tan dañino es un delito, como si se refiriera a la gravedad del mismo, aun cuando daño y gravedad son dos conceptos distintos. Un segundo problema es que las opiniones individuales podrían no coincidir con el nivel ‘real’ de gravedad de algún delito. Por ejemplo, en la encuesta ‘Así Vamos 2019’ (Cómo Vamos NL, 2019) se le preguntó a la gente “¿Cuál es el principal problema que se vive en su municipio?”. La agrupación de respuestas se presenta de forma resumida abajo, en la Tabla 1. Cabe aclarar que se utilizan datos de 2019 pues son previos a la pandemia, antes de que algunas dinámicas en torno a la criminalidad cambiaran y que, por cierto, aún deben estudiarse a profundidad.
Como se puede observar, la mayoría de encuestados otorgó una mayor importancia a los delitos patrimoniales, seguidos de aquellos aspectos relacionados con el entorno inmediato en el que habitan. No así a aquellos delitos considerados de “alto impacto”, ni violencia familiar. De forma consistente con estudios criminológicos en otros contextos sociales (ej. Ratcliffe, 2015), a algunas comunidades les podría preocupar más cierto tipo de delitos que aquellos que la policía o la sociedad en su conjunto considera prioritarios. Hay que notar que las cifras de la Tabla 1 no se refieren al “daño” producido por los tipos de delito, sino a su nivel de “importancia”. Aunque es posible que daño e importancia sean conceptos indistintos para los encuestados, esto no está claro y debe ser analizado con mayor profundidad. Aún así, se puede apreciar que a la ciudadanía podría preocuparle más los delitos de menor gravedad que, sin embargo, podría producirles un mayor daño que aquellos delitos considerados más graves.
Ante la necesidad de utilizar criterios más objetivos para evaluar el daño que producen los distintos tipos de delitos, otros estudios han empleado las penas impuestas a los delincuentes con base en los crímenes que cometieron. Algunas propuestas, como el Índice de Severidad del Delito Canadiense (CCSI por sus siglas en inglés) que elaboró Statistics Canada (2009), han combinado estas penas (número de días en prisión) con la ‘tasa de encarcelamiento’ para calcular un índice que refleje el peso que tiene cada tipo de delito en la cantidad de delitos totales cometidos en un cierto año.
Otras propuestas han buscado ser más consistentes y accesibles para el personal operativo encargado de la seguridad pública. En particular, Sherman et. al. (2016) marcaron un hito recientemente, con su Índice de Daño del Delito de Cambridge (CCHI por sus siglas en inglés). Esta propuesta ofrece un indicador que resume las implicaciones que tienen las estadísticas delictivas en términos prácticos, aunque considerando el daño social que produce cada tipo de delito. A diferencia de otros enfoques que optaron por la utilización de las sentencias impuestas, el CCHI y versiones similares (ej. Andersen y Mueller-Johnson, 2018; Kärrholm et. al., 2020; Mitchell, 2019) emplean las penas mínimas contempladas en los códigos penales. Argumentan que las penas impuestas no solo se enfocan en el delito cometido, sino que reflejan también otras consideraciones. Por ejemplo, la pena varía si es la primera vez que un individuo comete un delito o si es reincidente, a pesar de que dicho delito afecta a la sociedad igualmente sin importar si es la primera vez o no que el individuo en cuestión delinque. Lo mismo sucede con otros factores que pueden ser agravantes o atenuantes tales como la edad, el sexo, la etnicidad, entre otros factores que influyen en la sentencia que dicta un juez. Estos aspectos circunstanciales terminan por añadir subjetividad a la pena, en detrimento de la consistencia necesaria para hacer comparaciones objetivas entre periodos.
Una ventaja más del enfoque que proponen Sherman y sus colegas es la facilidad para calcularlo. La Imagen 1 presenta un ejemplo del CCHI en el Reino Unido. Este consiste en contabilizar el total de cada tipo de delito (columna 3), y luego multiplicarlo por la pena mínima (convertido a número de días) que contempla el código penal de cada jurisdicción para dicho tipo de delito (columna 4). Hay que aclarar que, para algunos tipos de incidentes cuyas penas son multas o alternativas no punitivas (ej. Horas de servicio comunitario), estas involucran las horas que se tendrían que trabajar para pagar la multa y la conversión de horas a días, respectivamente. El resultado es el número de días totales correspondiente al peso relativo que tiene cada tipo de delito (columna 5). Al final, se suma el gran total de la última columna, y posteriormente se calcula la proporción que representan los tipos de delito, con relación al gran total.
En este ejemplo, se observan diferencias notables, por ejemplo, los 74,688 casos de ‘robo con violencia’ (robbery) representan apenas un 2.3% del total de casos contabilizados en el año de referencia. Sin embargo, su peso relativo (27,261,120) en el total del daño que producen todos los delitos (117,835,466) representa un 23%, lo cual muestra que el enfoque ‘frecuentista’ tradicional claramente subestimó el impacto de este tipo de delito en dicho periodo.
El daño del delito en Nuevo León
La adopción de un índice similar al CCHI en Nuevo León podría contribuir a complementar los análisis que ya se realizan entre las corporaciones policiales municipales y estatal. Este índice también es fácil de calcular, a diferencia de otros indicadores más complejos, incluso entre el personal policial operativo. Además, se trata de un indicador que podría contribuir a diversificar la forma de evaluar el desempeño del trabajo policial, en particular el costo-beneficio de una estrategia enfocada en la reducción del daño de algún tipo de delito. Así, los recursos financieros y humanos podrían asignarse a combatir y prevenir los diversos tipos de delitos con base en los diferentes niveles de daño que ejercen sobre la sociedad. En suma, sería una decisión consistente con la tendencia internacional de adoptar un indicador enfocado en las víctimas y el daño social.
En países latinoamericanos como Uruguay y Chile (Weinborn, et. al., 2022), ya ha comenzado a estudiarse esta alternativa y a socializarse con sus respectivas corporaciones policiales. Las propuestas en ambos países siguen la estructura del CCHI en Reino Unido, basados en las penas mínimas señaladas en sus respectivos códigos penales. Como ya se expuso, este enfoque que utiliza las penas mínimas es más apropiado pues reduce el nivel de subjetividad y mantiene la consistencia para hacer comparaciones en el tiempo. En la Tabla 2, se presenta un ejemplo con datos reales de Nuevo León, del 2019.
La mayoría se obtuvo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJ-NL) y solo los siniestros viales graves se obtuvieron de partes de tránsito de los municipios metropolitanos, recopilados por el Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial (OCISEVI). Dichos siniestros consideran aquellos casos en los que fallecieron personas o resultaron lesionadas. Todos los casos ameritan una multa mínima de 15 salarios mínimos, conforme al reglamento homologado de tránsito de Nuevo León. Cabe señalar que en este análisis se utiliza el salario mínimo diario que estipula la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CONASAMI), en lugar del salario promedio en el estado, siguiendo el criterio utilizado en los estudios internacionales. Así que se necesitaría trabajar 15 días para pagar la multa. Para este análisis se separó los casos que solo ameritan multa de aquellos que se debieron a atropellos, en cuyo caso se utiliza la pena mínima por tratarse de una victimización directa. En todos los demás tipos de delito presentados, se ponderó la cantidad de casos por las penas mínimas indicadas en el Código Penal del Estado de Nuevo León (CPNL).
Este ejemplo es tan solo un ejercicio preliminar, reconociendo que tiene limitaciones, debido a que no se consideran todos los tipos de delito y en algunos de ellos la cifra negra es más alta que en otros. Asimismo, solo se incluyen los siniestros viales graves ocurridos en la Zona Metropolitana, y una cantidad mayor podría involucrar alguna pena mínima, además de la multa. Aún con estas consideraciones en mente, este ejercicio permite hacer algunas reflexiones sobre el daño social producido por cada tipo de delito.
A primera vista, el daño producido por los homicidios dolosos y la violencia familiar es consistente con lo que se esperaría en un enfoque frecuentista. No obstante, es importante notar que la proporción de casos de violencia familiar que se denuncian suele ser considerablemente menor a la proporción de homicidios dolosos, es decir, la cifra negra de violencia familiar es más alta. Aun así, el daño producido por este tipo de casos es más del triple que el de homicidios dolosos.
Algo similar sucede al comparar ‘robo de vehículo’ con las tipologías de delito sexual. El daño producido por el primero es menor al daño producido por el segundo. Debido a que la cifra negra de los delitos sexuales tiende a ser alta, mientras que la de robo de vehículo suele ser baja, es muy posible que el daño social producido por los delitos sexuales esté subestimado y que este sea aún más alto. Del mismo modo, el daño producido por ‘robo a persona’ podría ser mayor al indicado, ya que una proporción nada despreciable de dichos robos suele ocurrir con violencia, en cuyo caso la pena mínima asciende de 6 meses a 15 años, es decir, de 180 a 5,475 días.
Sorprende ver el daño social que generan los siniestros viales, con un total de 1,495,590 días. Incluso si esta cifra está subestimada, el daño social que genera está muy por encima al de robo a persona. También es muy cercano al de robo de automóvil y, tal vez, al de los delitos sexuales. Este análisis preliminar sugiere que ciertos tipos de delito priorizados por las instituciones de seguridad en Nuevo León, y en los cuales se suele poner más atención en la agenda pública, no son necesariamente los que producen el mayor daño social. Se suele destacar a ciertos delitos de alto impacto con base en su frecuencia, pero esta última no es un criterio apropiado para medir dicho impacto, como ya se dijo. Sería más adecuado enfocarse en el daño producido, con base en criterios más objetivos que ofrezcan consistencia en el tiempo.
Hacia la construcción de un Índice de Daño del Delito en Nuevo León
Lo que sigue para avanzar en la construcción de un Índice de Daño del Delito en Nuevo León (IDDNL) es tener en cuenta algunas consideraciones derivadas de la experiencia internacional. Primero, la utilización de las penas mínimas señaladas en el CPNL es un buen punto de partida que permite ponderar el peso relativo que tiene cada tipo de delito en la totalidad de delitos, y por ende el daño que ejerce sobre la sociedad. Segundo, es necesario contar con la totalidad de los delitos cometidos durante un periodo de tiempo. Es más adecuado utilizar los reportes de hechos confirmados que realizan las víctimas mediante la línea telefónica de emergencia (ej. 911) en lugar de las denuncias que publica la FGJ-NL, para reducir el sesgo de la cifra negra. Solo se deben contemplar los reportes hechos por las víctimas, en lugar de los casos detectados proactivamente por la policía.
Tercero, la totalidad de delitos permite estimar la proporción (peso) que representa cada tipología. Estos pesos podrían ser los ponderadores para construir el índice y hacer comparaciones del daño social total entre periodos temporales. Este enfoque se emplea desde hace muchos años en el campo de la economía para construir los Índices Nacional de Precios al Consumidor (INPC), cuya metodología se puede consultar aquí (https://bit.ly/3AgN8hk). Cuarto, al ser un índice fácil de calcular, podría incluso ser utilizado para estimar una ‘tasa del daño producido’, por cada 100,000 habitantes. Más aún, es posible utilizar este índice para hacer análisis sobre aquellos delincuentes que producen el mayor daño; así como los puntos geográficos con las mayores concentraciones del daño producido, es decir, complementar la visualización de hotspots con harmspots (ej. Weinborn et. al., 2017).
Quinto, sería posible hacer análisis costo-beneficio, mucho menos comunes en los estudios criminológicos que en los estudios económicos. La medición del daño producido permitiría hacer estimaciones sobre el número de días (con base en las penas mínimas) perdidos en prisión por la comisión de cierto tipo de delitos. De igual modo, podría estimarse el costo que tendría para el mercado laboral, en términos de salarios mínimos por jornada, o el costo para el erario de financiar dichos días en prisión. En conjunto, podrían ser indicadores útiles para complementar la evaluación sobre el éxito o fracaso de las estrategias de prevención del delito.
Por todo lo anterior, es indispensable que la academia y las instituciones de seguridad colaboren estrechamente. En la medida que los datos existan y sean accesibles, será posible avanzar hacia la generación de análisis para la toma de decisiones. Como en otros países, es deseable seguir un esquema donde la academia, sociedad civil y gobierno colaboran en la identificación de prioridades de seguridad y se apoyan proyectos de investigación cuyo fin es informar las políticas públicas y programas en la materia.
Referencias
Andersen, H.A. y Mueller-Johnson, K. (2018). The Danish Crime Harm Index: how it works and why it matters. Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, 2(1-2), pp.52-69.
INEGI (2018). Índice Nacional de Precios al Consumidor: documento metodológico: base segunda quincena de julio de 2018. Ciudad de México: INEGI. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825104177.pdf
Kärrholm, F., Neyroud, P. y Smaaland, J. (2020). Designing the Swedish Crime Harm Index: an evidence-based strategy. Cambridge Journal of Evidence-Based Policing, pp.1-19.
Mitchell, R.J. (2019). The usefulness of a crime harm index: analyzing the Sacramento Hot Spot Experiment using the California Crime Harm Index (CA-CHI). Journal of experimental criminology, 15(1), pp.103-113.
Ransley, J., Murphy, K., Karstedt, S., Bartlett, D., Forrester, L. y Carless, M. (2018). Developing and applying a Queensland Crime Harm Index–implications for policing serious and organised crime. Research Report, (10), pp.105-116.
Ratcliffe, J. H. (2015). Towards an index for harm-focused policing. Policing, 9(2), pp. 164-182. Disponible en: http://dx.doi.org/10.1093/police/pau032.
Sherman, L., Neyroud, P.W. y Neyroud, E. (2016). The Cambridge crime harm index: Measuring total harm from crime based on sentencing guidelines. Policing: A Journal of Policy and Practice, 10(3), pp.171-183.
Statistics Canada (2009). Measuring crime in Canada: introducing the Crime Severity Index and improvements to the Uniform Crime Reporting Survey. Catalogue No. 85-004-x. Ottawa: Statistics Canada. Disponible en: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-004-x/85-004-x2009001-eg.htm
Weinborn, C., Ariel, B., Sherman, L.W. y O’Dwyer, E. (2017). Hotspots vs. harmspots: Shifting the focus from counts to harm in the criminology of place. Applied geography, 86, pp.226-244.
Weinborn, C., Hernández, C., Figueroa, O., Figueroa U.O. y Silva, A. (2022). El Índice de Daño del Delito de Chile: una nueva manera de analizar la criminalidad en nuestro país. Santiago: Fundación Paz Ciudadana. Disponible en: https://pazciudadana.cl/download/13504/
El Criminólogo 