Una mirada a las policías municipales de la Zona Metropolitana de Monterrey

La evaluación de la actuación policial en México ha girado en torno a aspectos relacionados con su efectividad en el combate al crimen. El marco de referencia dominante que ha guiado esta forma de actuación ha sido el enfoque disuasorio, el cual prioriza la reacción a los actos delictivos y que, en América Latina, ha sido empleado por varias corporaciones policiacas con estilos (semi)militarizados.

Dichas prioridades instrumentales, enfocadas en ‘los resultados’ o en el despliegue de policías y patrullas en calles, se refleja en los datos oficiales que financia el gobierno federal. Por ejemplo, la ENVIPE incluye preguntas del tipo: «¿Qué tan efectivo considera el desempeño de la policía (estatal / municipal)?». Sin embargo, como se mencionó en la entrada anterior aquí (https://bit.ly/2RoiSKl), la ‘efectividad’ no es suficiente para satisfacer los objetivos de las fuerzas policiales, entre los cuales destacan la obtención de la confianza de la ciudadanía y la construcción de una colaboración cercana entre ambas partes.

El estudio de los aspectos normativos en México ha pasado desapercibido entre la comunidad de investigadores. Apenas en la última década han surgido algunos estudios que analizan la relación entre ciertos aspectos ‘afectivos’ (ej. Miedo al crimen, trato justo, sensación de seguridad) y la confianza policial. La cooperación (o colaboración) ciudadana con la policía ha sido aún menos estudiada. Estos aspectos merecen atención pues, de acuerdo con la evidencia disponible en países con distintos niveles de desarrollo, el comportamiento de la policía podría tener un impacto considerable en la obtención de confianza y cooperación de la ciudadanía.

Asimismo, el estudio de dichos atributos policiales es relevante en el marco de la evaluación y rendición de cuentas de los gobiernos locales. Estos son los responsables inmediatos de la seguridad pública en el país, debido a su cercanía con la ciudadanía. Precisamente, el objetivo de esta entrada es ofrecer algunos indicadores sobre aspectos normativos del desempeño de las fuerzas policiales metropolitanas en Nuevo León.

La plataforma de datos ‘¿Cómo Vamos Nuevo León?’

La plataforma de datos ‘¿Cómo Vamos Nuevo León?’ ofrece dichos indicadores. A diferencia de la ENVIPE, los datos son representativos para los municipios metropolitanos de Nuevo León en sus cuatro ediciones de 2016 a 2019. Desde el diseño muestral de la encuesta para la recolección de los datos y hasta su posterior análisis, dicha organización contó con la asistencia técnica de un equipo de investigadores de la de la Facultad de Economía (FAECO) de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Además, obtuvo el “Reconocimiento como una de las mejores prácticas de monitoreo y evaluación” del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 2019. También ha sido premiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Los datos de las cuatro ediciones de la encuesta están disponibles aquí (https://bit.ly/3afGo51).

Confianza en la policía

Desde 2016, la encuesta ‘¿Cómo Vamos Nuevo León?’ ha medido los niveles de confianza en las corporaciones policiacas municipales. La Gráfica 1 abajo muestra, el comparativo de promedios anuales (2016-2019) en una escala de confianza del 0 al 10 para nueve municipios metropolitanos. Santiago y Cadereyta fueron excluidos, ya que la mayor parte de sus zonas urbanas –incluyendo sus cabeceras municipales– no son adyacentes a la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM). La calificación más alta es menor a 9, lo cual se refleja en la escala.

Las corporaciones que han recibido las mejores evaluaciones son San Pedro y San Nicolás. Es interesante observar que Monterrey y Escobedo también han mantenido niveles considerables de confianza en la policía, aunque el primero ha tendido ligeramente a la baja desde 2017 mientras que el segundo se ha mantenido más estable. Aún así, no está del todo claro –salvo San Pedro– cuál ha sido la tendencia en la confianza policial durante los cuatro años considerados.

La Gráfica 2 abajo ofrece una versión más ‘sintetizada’ con los promedios del cuatrienio para los nueve municipios. Se observa la misma historia: San Pedro y San Nicolás en los primeros lugares, seguidos de Monterrey y Escobedo –estos últimos empatados. En este punto se distinguen claramente tres municipios punteros que, como señala Cómo Vamos Nuevo León, también son los que poseen mayores recursos en la ZMM, acompañados de un municipio más ‘periférico’ con menos recursos y que aún así ha logrado que su fuerza policial se coloque entre los primeros lugares. Algo similar ocurriría con Guadalupe, aunque debido a la caída considerable que sufrió la evaluación de su corporación en 2018 (Gráfica 1), se coloca en quinto lugar de los promedios cuatrianuales.  

La Gráfica 3 ofrece un panorama algo sorpresivo. San Pedro otra vez ocupa el primer lugar, con 70% o más de los encuestados que confía en su policía. Hasta aquí no hay sorpresas. Lo interesante es que, en todos los demás municipios, excepto Escobedo, las cifras han fluctuado considerablemente de 2017 a 2019 (la encuesta de 2016 no incluyó esta pregunta). En dicho municipio, la proporción de encuestados que confía en su policía no ha variado en más de cuatro puntos porcentuales, logrando un 46.6% en promedio. En cambio, en San Nicolás y Monterrey que se encuentran entre los primeros lugares, se observa una disminución importante en la proporción de encuestados que confía en sus respectivas corporaciones.

Cooperación con la policía

Una de las novedades que la encuesta ‘¿Cómo Vamos Nuevo León?’ introdujo en 2018 y que aporta valor a la evaluación policial es la pregunta sobre la ‘colaboración ciudadana con la policía para reducir la incidencia delictiva’. La Gráfica 4 abajo muestra las proporciones de encuestados en cada municipio que perciben que dicha colaboración existe. De forma similar a las cifras sobre confianza policial, San Pedro y San Nicolás ocupan los primeros lugares. En 2019, García se ubicó en el tercer lugar, seguido de Escobedo, aunque este último subiría una posición si se toman los promedios bianuales.

El trato justo de la policía

La gran mayoría de los estudios sobre justicia procedimental (discutida en la entrada anterior) han demostrado que el ‘trato justo’ influye positivamente en las percepciones de la gente sobre la legitimidad de la policía. No solo eso, sino que la influencia conjunta del trato justo y la legitimidad policial es clave en la obtención de confianza y cooperación ciudadanas. Si esto también es verdad para las fuerzas policiacas en la ZMM, debería haber algún grado de consistencia de las cifras sobre confianza y cooperación con aquella sobre el trato que la policía le brinda a la ciudadanía.

La edición 2018 de la encuesta incluyó la pregunta sobre el ‘trato respetuoso’ que la policía le da a la gente, la cual aporta valor al análisis de los aspectos normativos. La Gráfica 5 abajo muestra las proporciones de los encuestados en cada municipio que perciben un trato respetuoso de su policía. San Pedro y San Nicolás, otra vez entre los primeros lugares, alcanzan niveles superiores al 70% en ambos años. Llama la atención que Escobedo ocupó el primer lugar en 2018 (con 76%) y el cuarto en 2019; que otros municipios igualmente con menos recursos, como García y Guadalupe, lograron repuntes importantes en el segundo año; y que Monterrey sufrió una caída de 10 puntos porcentuales en el bienio.

Breves conclusiones

Este análisis gráfico sugiere una cierta consistencia entre los niveles de trato justo y los resultados esperados respecto a la confianza y la cooperación de la ciudadanía. Se observa también que hay municipios con menos recursos que otros y que han logrado mejores evaluaciones de sus fuerzas policiales.

A la fecha, sigue predominando entre muchas corporaciones policiacas la visión de que la percepción de la gente no es relevante porque no necesariamente coincide con el trabajo de las policías en la realidad. En el mejor de los casos, dicha visión está incompleta. Los estudios internacionales, e incluso la escasa evidencia disponible en México, han demostrado que la percepción ciudadana en torno a la confianza policial es fundamental para propiciar la colaboración con la policía en la prevención y la reducción del crimen.

En la siguiente entrada se explorará más a profundidad la asociación del ‘trato justo’ de la policía con la confianza y la cooperación ciudadanas. Además, se analizará su relación con ‘sensación de seguridad’ que las fuerzas policiales producen entre las personas de sus respectivos municipios, ya que esta es otra de las bondades documentadas en la investigación realizada en otros países.

La falacia del enfoque policial reactivo

Durante los últimos meses se han dado a conocer en los medios de comunicación videos que muestran casos de evidente abuso policial y que han provocado protestas sociales en tres diferentes países. El primero, muestra a un grupo de policías de Minneapolis, en Estado Unidos, sometiendo a George Floyd y a uno de los policías apoyando su rodilla sobre el cuello del hombre afroamericano. El segundo, exhibe a policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, en Jalisco, arrestando con excesivo uso de la fuerza a Giovanni López, un albañil al que acusaron de no utilizar cubrebocas. En el tercero y más reciente se observa a oficiales de la policía nacional de Colombia sometiendo con descargas eléctricas y golpeando en el piso a Javier Ordoñez, un abogado y taxista quien, según se dijo, habría violado la cuarentena impuesta en Bogotá. En los tres casos, el uso excesivo uso de la fuerza resultó en la muerte de las personas sometidas. Algunas voces han señalado que estos sucesos solo se pueden explicar por la institucionalización de la violencia desde el aparato estatal.

Acusar que el Estado es violento en sí mismo y que ejerce dicha violencia contra ciertos sectores sociales es un argumento incompleto cuando se trata de políticas policiales. Por este motivo, quisiera comenzar por proponer que la violencia institucionalizada se introduce y reproduce desde los gobiernos de forma consciente (deliberada) o inconsciente (por ignorancia). Desde esta perspectiva, la reversión de la violencia no depende tanto de la voluntad de la ciudadanía, como de los incentivos que promuevan las instituciones. En este sentido, la discusión debería girar en torno a las formas en las que un gobierno alienta la reproducción de dicha violencia desde las instituciones a través de las políticas públicas que implementa. En esta entrada, busco contribuir a dicha discusión, con la convicción de que debemos promover políticas policiales distintas.

Las prioridades instrumentales

En varios países, las políticas policiales aún se caracterizan por una visión tradicional dominante de la actividad policial, enfocada en aspectos instrumentales para fortalecer la legitimidad de las policías. Dichos aspectos consisten en la efectividad de la policía en dar resultados en la prevención y lucha contra el crimen y medir el desempeño de la corporación policial con base en esos resultados. Las estrategias policiales guiadas por estas prioridades tienen un enfoque fuertemente reactivo, abocadas a infundir el ‘temor a la sanción’ entre la ciudadanía como medida de disuasión al quebrantamiento de la ley. Sin embargo, los resultados de estudios internacionales señalan que las políticas punitivas, enfocadas en el castigo, encarcelamiento y pena de muerte no han logrado proporcionar evidencia causal que justifique el enfoque disuasivo para delitos menores. En otras palabras, la evidencia muestra que la política de ‘mano dura’ generalizada no ha funcionado en otros países. [1]

En México, las últimas tres administraciones federales (incluyendo la actual) han impulsado, en la práctica, políticas policiales que tienden a la centralización y promueven los aspectos instrumentales de efectividad y disuasión generalizada. La combinación de estas prioridades con la militarización de las policías ha resultado en abusos policiales. [2] En aras de ‘prevenir y combatir’ al crimen, se ha justificado la implementación de estrategias policiales agresivas que afectan especialmente a los sectores sociales más vulnerables. Sin embargo, los delitos no han disminuido considerablemente, mientras que los niveles de confianza en las corporaciones locales -las de mayor contacto cotidiano con la ciudadanía- se han visto afectados. A continuación, comparto algunos apuntes de mi investigación sobre el caso de Nuevo León (NL), que ilustra dichas dinámicas.

Siguiendo la tendencia de la política nacional de combate al crimen, el enfoque de ‘efectividad policial’ ha sido el dominante entre la mayoría de las corporaciones policiales en NL, pero la incidencia de delitos violentos no ha disminuido sustancialmente. Por ejemplo, con base en datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el Gráfico 1 considera homicidios dolosos en Nuevo León y México hasta 2017. Asimismo, el Gráfico 2 incluye incidencia de secuestros y robos con violencia a negocio, de automóvil, casa habitación y en transporte público. [3]

Las estrategias policiales guiadas por prioridades instrumentales tampoco han logrado mantener buenos resultados en los niveles de confianza ciudadana. En el Gráfico 3 se observa que la confianza en las policías estatales y municipales aumentó de forma importante tanto en NL como a nivel nacional hasta 2017, pero desde entonces los niveles de confianza han tendido a la baja, aunque más ligeramente en NL. [4]

Las percepciones entre la ciudadanía han variado dependiendo la corporación policial, pero se observa que las personas de menor nivel socioeconómico tienden a desconfiar más de las policías. Con base en datos la ENVIPE 2018 -con datos de abril y marzo de ese año- el Gráfico 4 muestra que, por ejemplo, las personas son menor nivel educativo son las que menos confianza tenían en las corporaciones policiales con presencia en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).

El modelo de ‘efectividad policial’ no solo ha fracasado en su propósito de disminuir el crimen, sino que también enfrenta cuestionamientos sobre su fundamento instrumental. El Gráfico 5 muestra la tendencia en las opiniones positivas de la ciudadanía en NL sobre la efectividad de las policías. Se puede observar que, sin importar los cambios en los niveles de confianza ya señalados, las percepciones de efectividad no han variado significativamente en el mismo periodo de referencia. Incluso, se observa que alcanzaron su nivel máximo en 2017 y desde entonces muestran un ligero declive o, al menos, un estancamiento en dichos niveles. Esto sugiere que, aunque la efectividad pudo haber contribuido en cierta medida a la confianza en las fuerzas policiales, por sí misma tiene limitaciones para ganar la confianza ciudadana.

Gráfica 5. Efectividad del desempeño policial en NL (%)*
Fuente: elaboración propia con datos de ENVIPE 2013 – 2019.
*Proporción de repuestas con ‘algo’ o ‘muy’ efectivo.

Aunado a lo anterior, es importante hacer notar la impunidad de una gran cantidad de delitos. Primero, porque la mayoría de la gente no los denuncia. De acuerdo con datos de ENVIPE, la cifra negra en NL ha oscilado alrededor del 90% entre 2014 y 2018. Segundo, por la incapacidad de las policías de investigar y esclarecer la mayoría de los delitos, sobre todo los más violentos. Por ejemplo, el 94% de los homicidios registrados entre 2010 y 2016 no habían obtenido una sentencia. [5] En este círculo vicioso de poca efectividad en la resolución de delitos, la gente no solo tiene menos confianza en las policías, sino que también es menos proclive a cooperar con ellas y con las instituciones de justicia -mediante la denuncia de dichos delitos.

Entonces ¿tiene sentido continuar con políticas que, con la justificación de combatir al crimen, promueven la militarización de las fuerzas policiales que emplean estrategias agresivas y fracturan las relaciones con la ciudadanía?

La justicia procedimental

Para responder la interrogante, es necesario acudir al trabajo de Tyler, Jackson y colegas, quienes han desarrollado una alternativa a la visión instrumental. En su modelo de ‘justicia procedimental (o procesal)’ proponen que la legitimidad policial es fundamental para las policías, no solo porque puede generar mejores relaciones con la ciudadanía, sino también por su potencial para propiciar el cumplimiento de la ley. [1] Según los autores, un trato respetuoso y justo a las personas por parte de oficiales de policía (‘justicia policial’) en la vida cotidiana, puede contribuir al fortalecimiento de la legitimidad policial, mejorar los niveles de confianza en las fuerzas policiales y obtener la cooperación de la ciudadanía en denuncias y resolución de delitos. La evidencia disponible, tanto de democracias consolidadas como aquellas en desarrollo, es consistente con dicha argumentación. Las percepciones de la gente sobre la ‘justicia policial’ contribuyen en mayor medida al fortalecimiento de la legitimidad policial, que las percepciones sobre ‘efectividad policial’ y, a su vez, mejora la confianza y cooperación ciudadanas.

En mi investigación, he analizado si la ‘justicia policial’ podría ser más importante que la ‘efectividad policial’ para fortalecer la legitimidad de las policías, y ganar la confianza y cooperación de la gente de la ZMM. Los resultados indican que las relaciones entre estas variables no son directas, sino indirectas. Cuando las relaciones directas con confianza y cooperación son consideradas, los efectos de justicia y efectividad son muy similares, aunque esta última es ligeramente mayor. Sin embargo, en las relaciones indirectas, la ‘legitimidad policial’ tiene un rol mediador importante, de manera similar a lo que indica la evidencia internacional. En este caso, la justicia policial tiene un efecto positivo en la confianza 2.4 veces más grande que la efectividad policial. La justicia policial también tiene un efecto casi 6 veces mayor en la cooperación que la efectividad. Un hallazgo adicional bastante interesante es que la ‘confianza en la policía’ tiene un efecto mediador entre legitimidad y cooperación, es decir, la confianza puede propiciar la cooperación, pero una menor confianza puede obstaculizarla.

Por lo anterior, las políticas policiales deben tener en cuenta que, si la ‘justicia policial’ es relevante, el modelo policial en México debe favorecer relaciones más cercanas con los ciudadanos, guiadas por un trato respetuoso y claro. Se necesita capacitación policial en protocolos de actuación y mediación frente a diferentes tipos de incidentes. Las fuerzas policiales locales deben ser la prioridad, ya que son las que más contacto tienen con los ciudadanos en la vida diaria. Esta debería ser, sin duda, uno de los pilares en las estrategias de seguridad de cualquier gobierno.

Además, este cambio de visión representaría un paso importante hacia la sustitución de políticas que incentivan la violencia policial, por otras que incentiven la cercanía de las policías con la gente. Los resultados del componente cualitativo de mi investigación son consistentes en ese sentido, pues indican que los residentes de varias colonias de la ZMM, sobre todo los de menor nivel socioeconómico, suelen tener mejores opiniones de las policías que han adoptado estrategias de proximidad. La evidencia para América Latina [6] indica que este enfoque es afín a los fundamentos de la justicia procedimental y puede contribuir a la coproducción de seguridad entre gobierno y ciudadanía.

Referencias

[1] Tyler, T.R. and Jackson, J. (2013). Future challenges in the study of legitimacy and criminal justice. In J. Tankebe and A. Liebling (Eds.), Legitimacy and Criminal Justice (pp. 83-104), Oxford: Oxford University Press.

[2] Storr, S. (2020). Seguridad pública enfocada en el uso de la fuerza e intervención militar: La evidencia en México 2006-2018. Segunda Conferencia Internacional “Seguridad Ciudadana: La Vía Civil”. 21-22 Mayo. Universidad Iberoamericana: Programa de Seguridad Ciudadana. Obtenido de: https://seguridadviacivil.ibero.mx/pdf/informe.pdf

[3] SNSP (2018). Datos abiertos. Obtenido de: https://datos.gob.mx/busca/organization/sesnsp

[4] INEGI. (2014-2019). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014-19. Obtenido de: http://www.inegi.org.mx/programas/envipe/

[5] Ángel, A., Martínez, P. and Rea, D. (2018). Esclarecer homicidios en México es una excepción y no la regla: tomaría 124 años resolver los casos impunes. Animal Político. Obtenido de: https://www.animalpolitico.com/muertos-mexico-homicidios-impunidad/homicidios-impunes-mexico.php

[6] Malone and Dammert (2020). The police and the public: policing practices and public trust in Latin America. Policing and Society. doi: 10.1080/10439463.2020.1744600

El crimen en la crisis de postpandemia

En los últimos meses la pandemia por COVID-19 ha dominado la agenda pública en México y casi todo el mundo. Una de las varias preocupaciones que han surgido es la del impacto negativo de este acontecimiento en la economía nacional. No solo eso, sino que se ha comentado en los medios de comunicación que la crisis económica que se asoma generará condiciones propicias para el aumento de la criminalidad. Este es un asunto que se ha discutido relativamente poco entre los analistas y, sobre todo, de manera algo anticipada. Las pocas opiniones provienen de marzo o abril, cuando la pandemia aún estaba cobrando fuerza y apenas comenzaban las restricciones para negocios y establecimientos en gran parte del país. La discusión más interesante sobre la posible relación entre la caída de la economía e inseguridad la ha hecho David Ramírez de Garay, disponible aquí: https://bit.ly/3fprudV. A poco más de tres meses que se declarara la fase 3, vale la pena retomar el tema y complementar algunos puntos que ahí se comentan.

¿Qué ha pasado con el crimen en los últimos meses?

En primer lugar, hay que entender si la criminalidad ha disminuido o aumentado. Por ejemplo, sería interesante saber si la dinámica de violencia, aproximada por cantidad de homicidios, se ha visto alterada. En la Gráfica 1 se observa la comparación del número de homicidios dolosos entre 2019 y 2020 para los meses elegidos, así como la variación anual porcentual, respecto al mismo mes, entre el año pasado y el actual. Como se puede observar, hay un aumento en marzo y abril, pero en mayo hay una ligera disminución.

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP.

Para tener una impresión sobre qué tanto ha influido la caída de la economía en el número de homicidios sería necesario contar con datos oficiales del Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, a falta de este, se puede utilizar el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), actualizado a abril de este año. En varios análisis económicos se recurre a este indicador cuando las cifras oficiales del PIB no han sido publicadas, ya que están estrechamente correlacionados. Se puede consultar más información al respecto aquí: https://bit.ly/3gPTYxD. En la Gráfica 2 se observan las variaciones anuales en términos porcentuales del número de homicidios y el IGAE (serie desestacionalizada). En ambos casos parecería que hay una ligera tendencia a la baja, aunque no es tan clara.

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP e IGAE.

Si la tendencia en la cantidad de homicidios no es tan evidente, vale la pena preguntarse si otros tipos de delitos, cuya naturaleza es pública (fuera del hogar) han disminuido en los últimos tres meses debido al menor flujo de gente en las calles. Este enfoque no consideraría delitos de naturaleza ‘privada’, como la violencia doméstica. La Gráfica 3 muestra una comparación de robos totales entre el año pasado y el actual, para la cual es pertinente advertir un par de cosas. Las tipologías de robo consideradas son aquellas relacionadas con la movilidad de las personas: 1) a institución bancaria, 2) a transeúnte en espacio abierto al público, 3) a transeúnte en vía pública, 4) de vehículo automotor, 5) en transporte individual, 6) en transporte público colectivo y 7) en transporte público individual. No fueron incluidos robo a casa habitación, robo a ganado y otros robos. Tampoco se incluyó ‘robo a negocio’, considerando que varios negocios cerraron por no ser considerados esenciales (aunque alguien podría argumentar en contra de este razonamiento). Así, es posible observar una caída notable, con la mayor disminución en mayo de este año, de 39%, en comparación con el año pasado.

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP.

En la Gráfica 4, se observan las variaciones anuales en términos porcentuales de robos totales y el IGAE. En este caso sí es posible observar una cierta correlación en las tendencias que siguen ambas variables. El mismo análisis podría realizarse para otros tipos de delitos y con mayor profundidad.

Fuente: elaboración propia con datos del SESNSP e IGAE.
¿Aumentará el número de delitos en los próximos meses?

Pese a ser un análisis meramente descriptivo, las gráficas arrojan tendencias preliminares que son de utilidad para guiar la discusión. Estas son consistentes con argumentos como los de David Ramírez, en el sentido de que el comportamiento de los delitos depende de su naturaleza, pese al impacto económico. Mientras los robos obedecen más a motivaciones de oportunidad y necesidad económica entre ciertos grupos demográficos, muchos homicidios podrían estar ligados a las pugnas entre organizaciones criminales por encima de necesidades económicas.

Entonces, ¿qué se puede esperar que suceda en los próximos meses o par de años? ¿Habrá un aumento considerable en ciertos tipos de delitos producto de la severa contracción económica? Algo sí es seguro, como dice David Ramírez e indica la evidencia criminológica, en el sentido de que la relación entre economía y criminalidad no es tan clara ni tan directa. En su opinión, las grandes crisis económicas no necesariamente han estado acompañadas de un aumento en los delitos patrimoniales, pero sí de violencia doméstica. Sin embargo, hay que considerar que los ejemplos que él cita son de países anglófonos.

En contextos latinoamericanos, la historia podría ser diferente. Por ejemplo, Dammert y Malone (2006) señalan que en Argentina la seguridad pública fluctuaba con la economía y hasta antes de la década de los 90 era un país bastante seguro. Sin embargo, el deterioro que experimentó dicho país desde entonces y hasta 2001, cuando estalló la crisis económica, registró un aumento del 83% en el número de delitos. La provincia de Buenos Aires registró un incremento del 115% por sí sola. Habría que preguntarse cómo podría comportarse el crimen en México, tomando las mismas tipologías de delitos mostradas arriba. La Gráfica 5 muestra las variaciones anuales de los homicidios y el IGAE para una serie histórica que abarca el periodo de recesión económica de 2008. Una vez más, la relación no es para nada clara e, incluso, los homicidios continúan aumentando durante la recesión.

Sin embargo, la Gráfica 6 parece contar una historia distinta. La tendencia en los robos parece ir a la baja justo cuando se observa la mayor desaceleración económica a finales de 2008 y durante 2009. Después la variación en los robos tiende a aumentar ligeramente entre 2009 y 2010, cuando la economía muestra una mejoría. Es importante advertir que los datos de robo obtenidos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) fueron registrados en la metodología anterior. Con base en el desglose disponible, se tomaron como referencia los robos a instituciones bancarias, a transeúntes y de vehículos. Así que no es adecuado hacer comparaciones de algún tipo con la Gráfica 4, pero es importante señalar que en ambos casos se observan ciertas tendencias, aunque en la Gráfica 6 es mucho más ligera.

En algo sí hay que estar de acuerdo con David Ramírez, acerca de que, la relación entre economía y crimen no siempre es tan evidente porque “simplemente no estamos observando desde la perspectiva adecuada”. El artículo de Bell, Bindler y Machin que él menciona ilustra muy bien el argumento de que las relaciones tienden a ser indirectas, mediadas por variables relacionadas con la economía, pero también a otros factores sociales. Por ejemplo, muestran que los jóvenes que abandonan la escuela durante una recesión económica enfrentan mayores dificultades para conseguir empleos legales debido a la contracción del mercado laboral. Estas dificultades tienen un mayor impacto en el largo plazo ya que aumenta la probabilidad de que se involucren en actividades criminales.

¿Qué indica la evidencia para México?

Los enfoques preventivos en la criminología señalan la existencia de factores de riesgo y factores de protección en el análisis de la probabilidad de que un individuo participe en actividades delictivas. Hein (2004) identifica factores individuales, familiares, grupo de pares, sociales o comunitarios, así como socioeconómicos y culturales. Redondo (2008) propone un Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD), en el cual reconceptualiza dichos factores en dimensiones de riesgo: individuales, sociales y de oportunidades delictivas.

En México se ha empleado esa visión para estudiar las conductas delictivas en varios centros urbanos. Por ejemplo, Segura y Cortez (2019) analizaron si en los municipios metropolitanos de Guadalajara, una mayor proporción de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban influía en las tasas delictivas, a nivel de colonia. Su análisis incluyó tres tipos de robo (vehículos particulares, casa habitación y personas) al ser estos los más atractivos para los jóvenes con dicho perfil, por su bajo riesgo de castigo y alto retorno. Encontraron que, para el caso de robo de autos, a medida que aumentaba el número de jóvenes entre 18 y 24 años sin estudiar ni trabajar, aumentaba también la probabilidad de que su colonia tuviera una tasa delictiva superior a la tasa promedio municipal. Su estudio arrojó resultados consistentes en los otros dos tipos de robo, aunque en el caso de robo a personas encontraron que el rango de edad de 15 a 24 años también influía significativamente.

Caamal-Olvera y Olivera Martínez (2019) también analizaron qué tan expuestos estaban los jóvenes que no estudiaban ni trabajan a factores de riesgo relacionados a conductas delictivas. Para ello, utilizaron datos de localidades urbanas de todo el país. Entre sus resultados, llama la atención que los jóvenes que no estudiaban ni trabajaban tenían mayores probabilidades de convivir con personas que usaban armas, en comparación con los jóvenes que solo se dedicaban a estudiar. También es interesante observar que dicha probabilidad disminuía en ambos grupos a medida que aumentaba el ingreso familiar.

Siguientes pasos

Las reflexiones que aquí se comparten son solo un modesto esfuerzo que busca contribuir a la orientación del análisis de políticas públicas de seguridad. El análisis presentado indica la necesidad de poner atención en las diferentes formas en las cuales impactará la caída de la economía mundial en las condiciones de (in)seguridad. A diferencia del episodio de 2008, lo que se atestigua actualmente es la mayor crisis económica desde la Gran Depresión de los años 30. Por este motivo, será importante que el Estado enfoque sus esfuerzos en aquellos grupos sociales que se verán principalmente afectados.

Asimismo, es fundamental tener presente que las condiciones de la pandemia y las dinámicas de la postpandemia inevitablemente acentuarán la ocurrencia de ciertos tipos de delitos. Aunque no fue abordada en esta ocasión, no se debe perder de vista a la violencia doméstica, la cual se ha identificado como uno de los factores de riesgo que puede detonar otros delitos probablemente más graves. Tampoco hay que olvidar que las actividades informales suelen ser una respuesta a las crisis económicas (como dice David Ramírez), pero también es usual que estén relacionadas en menor o mayor medida a actividades ilegales. Es verdad que no hay una vasta evidencia empírica disponible en México, pero sí varios estudios que podrían ser de utilidad para orientar las políticas públicas de seguridad en los próximos años.

Por último, es necesario descentralizar la generación de conocimiento. Las universidades estatales deben asumir un rol más activo en la producción de investigación especializada que contribuya a la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia e información en sus respectivos estados. El crimen se comporta de forma distinta en diferentes lugares, lo cual requiere respuestas hechas a la medida por aquellos que entienden mejor las realidades locales. Para esto se requiere una importante inversión de recursos, aunque probablemente menor a otros proyectos que varios gobiernos equivocadamente consideran prioritarios en este momento.

Referencias

Caamal-Olvera, C. y Olivera-Martínez, G. (2019). Los ninis expuestos a factores de riesgo social. En C. Figueroa y Á. Grijalva (Eds.). Análisis econométrico del delito y la violencia en México: De las personas a las instituciones. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.  

CEFP (2018). Evolución y perspectiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE). Consultado el 10 de julio de 2020. Obtenido de: https://www.cefp.gob.mx/publicaciones/presentaciones/2018/precefp0092018.pdf

Dammert, L. y Malone, M.F. (2006). Does It Take a Village? Policing Strategies and Fear of Crime in Latin America. Latin American Politics and Society, 48(4), 27-51.

Hein, A. (2004). Factores de riesgo y delincuencia juvenil, revisión de la literatura nacional e internacional. Chile: Fundación Paz Ciudadana.

INEGI (2019). Indicador Global de Actividad Económica (IGAE). Consultado el 10 de julio de 2020. Obtenido de: https://www.inegi.org.mx/temas/igae/default.html#Tabulados

Redondo, S. (2008). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). Revista Española De Investigación Criminológica, 6, 1-53. Consultada el 10 de julio de 2020. Obtenido de: https://reic.criminologia.net/index.php/journal/article/view/34

Segura, K. y Cortez, W. (2019). ¿Existe una relación entre los ninis y la delincuencia? El caso de la zona metropolitana de Guadalajara. En C. Figueroa y Á. Grijalva (Eds.). Análisis econométrico del delito y la violencia en México: De las personas a las instituciones. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.

SESNSP (2019). Datos abiertos de incidencia delictiva (actualizados al 20 de junio de 2020). Consultado el 10 de julio de 2020. Obtenido de: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es

Bienvenida

En este espacio ofrezco algunas reflexiones sobre asuntos de (in)seguridad, con el propósito de contribuir a la discusión de políticas de seguridad basadas en evidencia e información, con un especial interés en las fuerzas policiales. El abordaje de los asuntos que aquí se discuten es criminológico, sin dejar de considerar otras perspectivas.